Una auditoría interna reveló exceso de personal y la existencia de estructuras sin vinculación con la atención sanitaria. Se avanza con recortes y reordenamiento para priorizar funciones médicas.
El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, uno de los centros públicos de salud más importantes del país, contaba con más de 5.000 empleados, una cifra que supera incluso a la dotación de Vialidad Nacional. Sin embargo, solo una fracción de ese personal está directamente vinculada con la atención médica pediátrica. Esta situación fue señalada por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, en el marco de un plan de reformas que apunta a reducir gastos improductivos en el Estado.
La nueva gestión del hospital, a cargo del Dr. Mario Lugones, implementó una serie de medidas orientadas a mejorar la eficiencia del uso de recursos. Entre ellas, se estableció un sistema de control biométrico para registrar el ingreso y egreso del personal, en busca de mayor transparencia y cumplimiento efectivo de las funciones asignadas.
También se inició un proceso de revisión de contratos de limpieza y seguridad, que habían sido mantenidos durante más de dos décadas sin competencia, y se avanza hacia un sistema de licitación abierta. El objetivo, según informaron desde el Gobierno, es terminar con “cajas paralelas” y reasignar los fondos a áreas directamente vinculadas con el funcionamiento sanitario del hospital.
Comités con orientación ideológica
Uno de los puntos más polémicos de la auditoría fue la existencia de una serie de comités internos cuyo propósito, según los informes, no estaba ligado a la atención médica. Algunos ejemplos son el Comité de Género y Diversidad, que organizaba actividades simbólicas como murales o campañas de visibilidad, y el Comité “Hospital Libre de Humo”, cuyas funciones se limitaban a señalética y concientización.
Incluso se detectó un comité especializado en el acompañamiento de procesos de cambio de género en menores, lo que abrió un debate sobre los límites de la intervención médica en edades tempranas y el uso de recursos estatales en procedimientos que no forman parte del núcleo crítico de la salud pediátrica.
Desde el Ministerio de Salud argumentan que estas estructuras no solo generaban gasto, sino que también desviaban el foco de la función esencial del hospital: la atención médica de alta complejidad en niños y adolescentes.
Un cambio de prioridades
El caso del Garrahan se enmarca en un giro más amplio en la administración pública: se apunta a eliminar aquellas estructuras creadas durante gestiones anteriores, que muchas veces respondían más a una agenda ideológica que a una necesidad operativa concreta.
El enfoque actual busca optimizar el uso de los recursos del Estado, priorizando las áreas sensibles como terapias intensivas, quirófanos, insumos médicos y mejoras salariales al personal de salud. Según las autoridades, el desafío es claro: volver a poner en el centro al paciente y al profesional de la salud, eliminando gastos innecesarios que durante años se naturalizaron como parte del sistema.
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